Managua | EFE.-
La Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) mostró este sábado su escepticismo sobre los acuerdos firmados entre el Gobierno de Nicaragua y la oposición para superar la crisis nacional y advirtieron que no cambiarán su posición hasta ver hechos concretos.
«Como jóvenes nicaragüenses activos en el proceso social que vive Nicaragua, exigimos la liberación urgente de nuestros presos políticos y la anulación de sus juicios, ¡queremos verlo ya!», resaltó la AUN, en una declaración pública.
El sector estudiantil, en especial de nivel universitario, está entre los más afectados por la crisis, ya que cientos de ellos murieron, fueron arrestados, huyeron al exilio o debieron abandonar sus estudios, luego de participar en protestas contra el presidente Daniel Ortega.
Entre los puntos acordados por el Gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, donde la AUN es representada por el estudiante Max Jerez, está la liberación de los «presos políticos» y la anulación de sus juicios en un plazo no mayor de 90 días a partir del 20 de marzo.
A pesar del compromiso gubernamental, la AUN advirtió que no van «a dejar de exigir hasta no ver las acciones realizadas».
La AUN teme que el Gobierno repita las escenas de mayo y junio pasado, cuando se comprometió con la Alianza y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a no utilizar métodos violentos de represión, pero de inmediato sus fuerzas combinadas atacaron a la población civil.
Los acuerdos, firmados el viernes, incluyen el restablecimiento de los derechos constitucionales, como el de reunión, manifestación, culto y prensa, entre otros.
El Gobierno de Nicaragua aceptó las demandas de la oposición en momentos en que Estados Unidos y la Unión Europea han advertido de fuertes sanciones contra Ortega y sus allegados.
La crisis que vive Nicaragua desde el estallido social de abril pasado contra Ortega ha dejado 325 muertos, según la CIDH, o bien 561 conforme los datos de organismos humanitarios locales, mientras que el Gobierno reconoce 199.
Adicionalmente la oposición cuenta hasta 809 «presos políticos», mientras que el Gobierno lleva meses sin actualizar su cifra de 340 reos, a los que llama «terroristas», «golpistas» o «delincuentes comunes».
Ortega ha insistido en que la crisis en realidad ha sido un intento de golpe de Estado «fallido».
La CIDH sostiene que al Gobierno de Nicaragua es responsable de crímenes «de lesa humanidad».
El proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CID) contra Nicaragua está abierto en la Organización de los Estados Americanos (OEA), por rompimiento del orden constitucional, lo que podría concluir con la suspensión del país centroamericano del organismo continental.
