Tomado de agencia EFE.-
El obispo nicaragüense Silvio Báez calificó este domingo como «excesivo» el plazo máximo de 90 días que acordó el Gobierno de Nicaragua con la oposición para liberar a los denominados «presos políticos» que han dejado las protestas contra el presidente Daniel Ortega.
«Personalmente me parece un plazo excesivo, me parece demasiado tiempo», señaló Báez, obispo auxiliar de la diócesis de Managua, al ser consultado por periodistas tras oficiar una misa.
El miércoles pasado, los representantes del Gobierno y de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia acordaron en la mesa de negociación, con la que buscan superar la crisis que estalló en abril del año pasado, la liberación de los manifestantes antigubernamentales en un plazo no mayor de 90 días.
Según uno de los negociadores de la oposición, Mario Arana, fue la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que a partir del viernes actúa como testigo y acompañante del proceso, la que aceptó ese plazo a propuesta de Ortega.
El obispo Báez instó a los nicaragüenses «a hacer presión» a la mesa de negociación para que los «presos políticos» pueden ir siendo «liberados absolutamente lo más pronto posible, ya, y todos».
Advirtió que si la ciudadanía se descuida sobre esa exigencia, «el tiempo se puede alargar».
A juicio del religioso, «el sufrimiento de los presos políticos es el sufrimiento de todos» y cada día que permanecen en prisión «es una herida que sangra el corazón de Nicaragua».
La mesa de negociación acordó conciliar las distintas listas antes de proceder a su liberación definitiva.
La lista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registra 647 detenidos, a los que identifica como «presos políticos», según la Alianza Cívica, que por su lado manejan un total de 809, incluyendo 162 que han sido excarcelados desde el 27 de febrero y se encuentran bajo libertad condicional.
Hasta ahora, el presidente Ortega reconoce 340 reos y los tilda de «terroristas», «golpistas» y «delincuentes comunes».
La Cruz Roja Internacional fue invitada para el seguimiento del proceso de liberación de los detenidos.
El Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, conformado por familiares de los detenidos, ha demandado la anulación de los procesos judiciales, conocer el calendario de liberación, y que el proceso cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos.
Organismos humanitarios locales y sectores de la oposición han calificado como inaceptable el plazo de 90 días convenido, bajo el argumento que se prolonga la tortura física y psicológica de las víctimas y sus familiares, por lo que han exigido la liberación inmediata y sin condiciones, y la nulidad de todos los juicios.
También consideran que Ortega ha pedido un plazo de hasta 90 días para liberar a los «presos políticos» con el fin de neutralizar las sanciones anunciadas por la comunidad internacional.
Sobre Nicaragua penden más sanciones de EE.UU. con la Ley Magnitsky Nica, y la amenaza de la Unión Europea de otras medidas similares contra el presidente Ortega y sus allegados.
Además, el Consejo Permanente de la OEA ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la CIDH, aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
Silvio Báez, obispo nicaragüense. EFE/Archivo
