Managua | EFE.-
La oposición nicaragüense condicionó este lunes avanzar en la agenda en la mesa de negociación, con la que junto al Gobierno de Daniel Ortega buscan superar la crisis que estalló hace casi un año, a la presencia de garantes internacionales para el restablecimiento de los derechos en Nicaragua.
Durante la sesión de trabajo de este lunes, la opositora Alianza Cívica propuso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) como garantes de los acuerdos sobre las garantías ciudadanas acordados con el Ejecutivo el viernes pasado.
La experta constitucionalista e integrante de la Alianza, Azahalea Solís, dijo en rueda de prensa que hicieron esa propuesta luego de que se denunciara que el Gobierno incumplió con esos acuerdos.
La Alianza Cívica presentó una carta en la mesa de negociación en la que denuncian los incumplimientos.
El jurista y político opositor José Pallais dijo que leyeron y entregaron la carta al nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y al exministro de Defensa de Uruguay Luis Ángel Rosadilla, quienes participan como testigo y acompañante de ese proceso en representación del Vaticano y de la Secretaría General de la OEA, respectivamente
También que presentaron un vídeo y fotografías sobre los incidentes del pasado sábado, en los que demuestran el incumplimiento del Gobierno con relación al derecho de concentración, manifestación y movilización pública.
El sábado, agentes antimotines y paramilitares agredieron a un grupo de personas que se manifestaba contra el presidente Ortega en un centro comercial de Managua, pero la Policía divulgó una versión contraria a los hechos y a las pruebas en vídeo.
Entre los agresores estaba encapuchado el militar retirado Germán Félix Dávila Blanco, miembro activo del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), quien ejecutó un tiroteo e hirió a tres personas y a sí mismo.
Aunque la Policía lo identificó como un anciano que no tenía relación con el incidente, las imágenes mostraron lo contrario
«La delegación de la Alianza Cívica considera como condición esencial para poder avanzar en la negociación y el fortalecimiento de los derechos humanos, que se trate en la mesa de negociación el regreso de los organismos de derechos humanos a Nicaragua», indicó Solís.
El Gobierno de Ortega dio por concluida la misión de la CIDH y de Acnudh, así como del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), entes tutelados por la CIDH, el año pasado.
«Estamos ante una situación muy especial y no se puede pasar a ningún otro punto de agenda, mientras no se resuelve este punto de la designación de los garantes internacionales», argumentó Pallais.
La Asociación Madres de Abril (AMA), compuesta por madres y otros familiares de las víctimas de la crisis, pidió apoyo a la población y a la comunidad internacional para exigir el regreso de la CIDH y de Acnudh, porque «la dictadura Ortega-Murillo miente e incumple con los compromisos».
«Sin garantes internacionales nadie asegurará que las graves violaciones a los derechos humanos ejercidas por el Estado de Nicaragua no queden una vez más en la impunidad», alegó.
La vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, dijo que el Gobierno tiene «disposición de cumplir todos los acuerdos que se han firmado en la mesa de negociación» y «de continuar trabajando para asegurar la continuidad de la discusión de todos los puntos de agenda».
El Gobierno sostiene que fueron los manifestantes los que agredieron a los policías y otros civiles.
Durante la ronda de este lunes, la Alianza Cívica también propuso formalmente adelantar las elecciones previstas para noviembre de 2021, a fin de que sea suscrito el próximo miércoles, cuando está previsto que culminen las negociaciones.
El Ejecutivo ha descartado adelantar las elecciones presidenciales, bajo el argumento que violaría la Constitución.
Según la Constitución, los comicios generales deben celebrarse cada cinco años y están fijadas para noviembre de 2021.
