Managua | EFE.-
El Movimiento Campesino y la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua (UPPN) demandaron este jueves ser incluidos en el proceso de liberación de los detenidos por protestar contra el presidente Daniel Ortega, en el marco de la crisis que estalló hace casi un año.
En una declaración, ambos grupos también pidieron ser asesorados por abogados independientes a fin de que les «den las recomendaciones jurídicos-penales que garantice la efectiva liberación de nuestros presos políticos y que no sean sometidos a un nuevo proceso penal».
Ambos grupos llamaron la atención de que en el acuerdo alcanzado en la mesa de negociación entre el Gobierno y una alianza opositora, «en ningún momento menciona que los ciudadanos detenidos son presos políticos».
Por tanto, consideran imprescindible definir, en el marco de esos acuerdos quién es un preso político con el fin de que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que está a cargo del proceso de liberación, revise, concilie y actualice una sola lista.
Además, advierten que si se anulan los procesos judiciales contra los detenidos, los mismos no tendrán el efecto de cosa juzgada y se expone al «preso político» a ser sometido a un nuevo proceso por los mismos hechos.
«Por lo que la solución jurídica aceptable para garantizar la plena libertad de los presos políticos es el dictado de una sentencia firme de sobreseimiento o absolutoria», señalan.
En el documento también piden incluir a un equipo de abogados penalistas que hayan ejercido defensa de «presos políticos» y a quienes también les concierne la liberación definitiva, a fin de que participen en la definición de los procedimientos, protocolos operativos y programación para la efectiva liberación.
La mesa de negociación entre el Gobierno y la Alianza Cívica, que concluyó el miércoles, invitó hace dos semanas al CICR a apoyar la liberación de los manifestantes.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, serán los garantes de la liberación de los manifestantes detenidos por protestar contra el Gobierno, según convinieron las partes.
