Managua | EFE.-
Una coalición opositora de Nicaragua declaró este martes que espera un informe «contundente» de una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que busca promover una solución pacífica a la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018 y que no fue recibida por el Gobierno del presidente Daniel Ortega.
El informe de esa comisión de la OEA, previsto a ser presentado el 11 de noviembre próximo en Washington, será «fuerte, contundente» y se encaminará a más «vías de presión beligerantes», dijo Guillermo Incer, del Consejo Político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, a periodistas.
Incer, que formó parte de una delegación opositora que se reunió con los miembros de esa comisión de la OEA a inicios del mes pasado en San Salvador luego de que el Gobierno de Ortega prohibió el ingreso de siete diplomáticos el pasado 14 de septiembre, puso en duda, sin embargo, que se le aplique a Nicaragua el artículo 21 de la Carta Democrática.
«No vi que todavía estén convencidos de la aplicación del articulo 21 de la Carta Democrática de la OEA, sin embargo, si vi que la intención que tienen con este informe es abrir mecanismos de presión más fuertes» contra el Gobierno sandinista, señaló.
Diversos sectores de la oposición han coincidido en que esperan que esa comisión de la OEA presente un informe contundente, el cual, han advertido, no servirá de mucho si no hay los 24 votos necesarios para expulsar a Nicaragua de ese organismo.
En junio pasado la Asamblea General de la OEA creó la comisión con el objetivo de promover una solución pacífica a la crisis de Nicaragua, a través de esfuerzos al más alto nivel, de lo contrario podrá discutir si aplica la Carta Democrática Interamericana, que suspendería al país del organismo.
El Ejecutivo sandinista cerró las puertas a los siete diplomáticos nombrados en esa comisión, entre ellos al embajador de EE.UU. ante la OEA, Carlos Trujillo, y Gonzalo Koncke, jefe de gabinete del secretario general del organismo, Luis Almagro.
El Gobierno de Ortega se ha negado en repetidas ocasiones a reconocer la legitimidad de la comisión creada por la OEA, que considera un instrumento de «injerencia» por parte de Washington.
También se opone a la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), a las que junto al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), entes tutelados por la CIDH, dio por concluida su misión el año pasado.
