Managua | EFE.-
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aceptó la liberación de los denominados «presos políticos» en un plazo máximo de 90 días, a propuesta del Gobierno que preside Daniel Ortega, dijo este sábado uno de los negociadores de la opositora Alianza Cívica.
El miércoles pasado, los negociadores del Gobierno y de la opositora Alianza Cívica acordaron en la mesa de negociación, con la que buscan superar la crisis que estalló en abril del año pasado, la liberación de los manifestantes antigubernamentales en un plazo no mayor de 90 días.
«Nosotros no lo hemos aceptado. Fue el plazo que el gobierno le ofreció a la OEA producto de la presión de todos», dijo el titular de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), Mario Arana, en un tuit.
Aseguró que la alianza opositora no confía en el Ejecutivo, pero esperan que los garantes «nos den seguridad» sobre ese tema.
La Secretaría General de la OEA se incorporó el viernes como testigo y acompañante de las negociaciones entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
El exguerrillero tupamaro y exministro de Defensa de Uruguay Luis Ángel Rosadilla, que venía participando como observador en la mesa, es ahora testigo y acompañante internacional de la negociación, en representación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, según convinieron las partes.
Rosadilla se suma al nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, como los dos testigos y acompañantes internacionales de este proceso, que comenzó el 27 de febrero pasado.
Sobre la liberación de los «presos políticos», la mesa de negociación acordó conciliar las distintas listas antes de proceder a su liberación definitiva, tal como se comprometieron el miércoles pasado.
La lista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registra 647 detenidos, a los que identifica como «presos políticos», según la Alianza Cívica, que por su lado manejan un total de 809, incluyendo 162 que han sido excarcelados desde el 27 de febrero y se encuentran bajo libertad condicional.
Hasta ahora, el presidente Ortega reconoce 340 reos y los tilda de «terroristas», «golpistas» y «delincuentes comunes».
La Cruz Roja Internacional fue invitada para el seguimiento del proceso de liberación de los detenidos.
El Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos, conformado por familiares de los detenidos, ha demandado la anulación de los procesos judiciales, conocer el calendario de liberación, y que el proceso cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos.
Organismos humanitarios locales y sectores de la oposición han calificado como inaceptable el plazo de 90 días convenido, bajo el argumento que se prolonga la tortura física y psicológica de las víctimas y sus familiares, por lo que han exigido la liberación inmediata y sin condiciones, y la nulidad de todos los juicios.
También consideran que Ortega ha pedido un plazo de hasta 90 días para liberar a los «presos políticos» con el fin de neutralizar las sanciones anunciadas por la comunidad internacional.
Sobre Nicaragua penden más sanciones de EE.UU. con la Ley Magnitsky Nica, y la amenaza de la Unión Europea de otras medidas similares contra el presidente Ortega y sus allegados.
Además, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la CIDH, aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
