Managua | EFE.-
La Asociación Madres de Abril (AMA) aseguró este viernes de que no avalará ningún tipo de acuerdo de amnistía que lleve a la impunidad de las víctimas que ha dejado la crisis que estalló hace un año en Nicaragua.
En un manifiesto leído por Liseth Dávila -vicepresidenta de la AMA y madre del adolescente Álvaro Conrado, asesinado durante las protestas- esa asociación también expresó su rechazo «con indignación y dolor» a la propuesta del Gobierno de Daniel Ortega sobre verdad, justicia, reparación y no repetición.
Argumentaron su rechazo a «que sea la Policía, las instituciones del Estado y la denominada Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de Nicaragua -creada por diputados afines a la dictadura Ortega-Murillo- quienes impartan justicia en los crímenes ocurridos a partir del 18 de abril» de 2018, como propone el Ejecutivo.
«Este Gobierno se encuentra incapacitado para administrar justicia por ser los autores intelectuales de los asesinatos crueles en contra de nuestros familiares», señaló Dávila en rueda de prensa, acompañada de madres y padres de los asesinados.
Por tanto, sostuvo, no permitirán «que los autores y perpetradores de la masacre que terminaron con la vida de nuestros hijos y familiares sean los encargados de impartir justicia».
Asimismo, desautorizaron «a cualquier persona que realice una pantomima cómo acuerdo sobre justicia por la sangre derramada de nuestros familiares».
«En el tema de justicia nadie puede hablar por nosotras. Nosotras somos las víctimas directas. No necesitamos intermediarios, porque la del luto y dolor somos nosotras», explicó Dávila.
Además, reiteraron que como familiares de víctimas «de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Nicaragua» seguirán exigiendo «justicia sin impunidad».
La AMA también hizo un llamado a exigir «en una sola voz» el regreso, antes del 19 de abril, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través del Mecanismo de Seguimiento de Nicaragua (Meseni), y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
Además, la ampliación del mandato del Grupo de Expertos Interdisciplinarios (GIEI) para la investigación y documentación de los asesinatos y otros crímenes cometidos a partir del primero de junio del 2018.
Los familiares de las víctimas, que acudieron a la conferencia de prensa cargando fotografías de sus hijos, también denunciaron que son asediados por la Policía Nacional
