Managua | EFE.-
La Conferencia Episcopal de Nicaragua advirtió este sábado que las autoridades utilizan las instituciones del Estado para preservar «el poder a cualquier costo», y que la criminalización de las protestas es «la más grave amenaza contra la paz», en medio de la peor crisis sociopolítica del país en décadas.
El Episcopado hizo la advertencia en un mensaje a los católicos y a «las personas que abrigan aspiraciones de paz, justicia y democracia» en Nicaragua, donde las protestas contra el presiente Daniel Ortega han dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, más decenas de miles en el exilio.
«Las acciones abusivas institucionalizadas son una compleja estrategia puesta al servicio de la preservación del poder a cualquier costo», destacó la Conferencia Episcopal de Nicaragua, en su mensaje.
El clero de Nicaragua ha jugado un papel destacado en la crisis que estalló el 18 de abril de 2018, debido a que la mayoría de sus obispos y sacerdotes expusieron sus vidas para salvar las de miles de manifestantes en ataques armados del Gobierno contra manifestantes.
El Episcopado también fue mediador en el primer diálogo de Ortega con la oposición para encontrar una salida pacífica a la crisis, que fracasó en julio de 2018 cuando el presidente acusó a los obispos de impulsar un supuesto «golpe de Estado».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), han señalado al Gobierno de Nicaragua como responsable de ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos inhumanos y violencia sexual contra manifestantes.
Actualmente la Policía de Nicaragua mantiene una prohibición estricta de expresiones de rechazo hacia Ortega, así como del uso de los símbolos patrios, especialmente de la bandera nacional, pese a que los juristas afirman que la medida contradice la Constitución.
Contrario a los reclamos de paz que predica Ortega en cada discurso, la Conferencia Episcopal resaltó lo que, a su juicio, es la principal amenaza contra la paz, cuando una aparente mayoría de nicaragüenses se opone al presidente.
«En Nicaragua, la criminalización de la protesta de grandes sectores de la población se ha convertido desde el año pasado en la más grave amenaza contra la paz y la libertad de nuestro país», según el Episcopado.
Los obispos señalaron que la criminalización de la protesta no solamente se limita a descalificar, sino que incluye «emprender acciones judiciales contra nicaragüenses que estaban ejerciendo su derecho».
En Nicaragua hay unos 140 «preso políticos» que fueron detenidos por protestar contra Ortega, y unas 112 personas de las cuales no se sabe nada desde que fueron capturadas por policías y paramilitares, según la oposición.
El Episcopado emitió su mensaje «con el ánimo de velar por la libertad cívica y religiosa del pueblo de Dios a fin de que manifiesten su libertad y su fe sin ninguna clase de intimidación ni riesgo», y agregó que es «una de sus obligaciones básicas iluminar las conciencias».
Asimismo dijo tener la esperanza en «un estado de sincera reconciliación», sin mencionar las centenares de «comisiones de paz, justicia y reconciliación» establecidas por el Gobierno, que no han aliviado las tensiones en Nicaragua.
