Tomado de Agencia EFE.-
Cientos de empleados del Estado nicaragüense y partidarios del partido oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) salieron este sábado a las calles de diferentes ciudades de Nicaragua para participar en nuevas marchas «inspiradas en el amor».
Los participantes, en menores cantidades que en otras manifestaciones oficialistas, portaron una vez más con banderas y pañoletas rojinegras, características del FSLN, camisas blancas alusivas al Gobierno y ropas con colores militares.
En esta ocasión, los empleados del Estado y los militantes sandinistas marcharon bajo el lema “Con amor que todo lo puede y que todo lo vence, mujeres por la vida”, aunque el significado de la frase no ha sido explicado.
A diferencia de otras actividades organizadas por el Gobierno para mostrar la popularidad del presidente del país, Daniel Ortega, las caminatas de hoy fueron convocadas avanzada la tarde y concluyeron poco tiempo después de haberse iniciado.
Las marchas ocurrieron en ciudades como Managua, Juigalpa (centro) o Siuna (noreste).
El diputado sandinista José Antonio Zepeda afirmó que “es importante este esfuerzo, como compromiso, y una responsabilidad que tenemos, por defender la paz”, a través de medios del Gobierno.
Estas marchas progubernamentales contrastan con una estricta prohibición establecida por el Gobierno hacia cualquier manifestación que no esté organizada por el Ejecutivo, así como con el veto a la exhibición pública de la bandera de Nicaragua, que no se aplica a los sandinistas.
La prohibición de manifestaciones, movilizaciones en grupo o reuniones no oficialistas está vigente en Nicaragua desde 2018, pese a que la medida viola la Constitución según expertos en leyes.
Dichas libertades fueron suspendidas a raíz del levantamiento popular contra Ortega iniciado en abril de 2018, que provocó una reacción armada del Gobierno que, desde entonces, ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles de exiliados.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 328 personas han muerto en el marco de la crisis, aunque organizaciones locales cuentan hasta 684, y Ortega admite 200, a la vez que alega ser víctima de un “golpe de Estado fallido”.
Tanto la CIDH como la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) responsabilizan al Gobierno de la violencia.
Un conflicto similar no se vivía en Nicaragua desde la década de 1980, también con Ortega como presidente del país.
