El Gobierno de Nicaragua anuncia «comisiones de paz, justicia y reconciliación»

Foto archivo / EFE
Managua | EFE.-

El Gobierno de Nicaragua anunció este martes que instalará «comisiones de paz, justicia y reconciliación» en todo el país, en respuesta a la crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos desde abril de 2018.

«Hemos trabajado capacitándonos todos y ahora vamos a trabajar la instalación de las comisiones de justicia, reconciliación y paz en todo el país», dijo la vicepresidenta Rosario Murillo, a través de medios del Gobierno.

La también primera dama no especificó la manera en que serán instauradas dichas comisiones, pero aseguró que su instalación se hará efectiva «en los próximos días».

Las comisiones anunciadas por Murillo coinciden con los «actores de la política de Estado para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz», anunciados en la Ley para una cultura de diálogo, reconciliación, seguridad, trabajo y paz», aprobada por la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional el 24 de enero pasado.

Según la legislación, los actores deben ser un «grupo familiar», comunidad escolar, denominaciones religiosas, comunidades, centros de trabajo y medios de comunicación.

El Gobierno ya había anunciado capacitaciones sobre «paz y reconciliación» en instituciones del Estado.

Murillo afirmó que las comisiones serán para «seguir uniéndonos en una sola voz, un solo corazón, para garantizar que la paz que ya tenemos sea duradera».

El Gobierno de Nicaragua ha sido criticado por diversos sectores por tener un concepto de paz que no se corresponde con el respeto a los derechos humanos.

Con dichas comisiones el Gobierno de Daniel Ortega, busca reponer «lo destruido por el odio, la ambición, la avaricia, el egoísmo», según la vicepresidenta.

La crisis de Nicaragua ha dejado unas 325 personas muertas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque instituciones locales elevan la cifra hasta 568, y el Gobierno reconoce 199.

La CDIH, que cuenta 809 presos, casi el doble de lo que admite el Gobierno, ha señalado a la administración de Ortega como responsable de delitos «de lesa humanidad».

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