Managua | EFE.-
El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Kevin K. Sullivan, dijo este miércoles que «hay tensiones» en las relaciones con el Gobierno de Daniel Ortega a raíz de la crisis sociopolítica que vive el país centroamericano desde hace más de un año.
«No es secreto que hay tensiones hoy en la relación bilateral entre nuestros Gobiernos», señaló el diplomático estadounidense en un discurso en ocasión del Día de la Independencia de Estados Unidos, y al que acudió el canciller nicaragüense, Denis Moncada, y otros funcionarios del Ejecutivo sandinista.
Sullivan explicó que la «grave crisis» sociopolítica de Nicaragua, que comenzó el 18 de abril de 2018 por unas impopulares reformas a la seguridad social y en la «que se han registrado serios abusos a los derechos humanos, ha tenido un impacto negativo en nuestra cooperación; y no podría ser de otro modo».
En el marco de la crisis nicaragüense, el Departamento de Tesoro de EE.UU. ha sancionado a la esposa de Ortega y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo; así como a su consuegro Francisco Díaz y jefe de la Policía Nacional; y a Laureano Ortega Murillo, uno de los hijos de la pareja presidencial.
Otros allegados a Ortega sancionados son el asesor de seguridad nacional del mandatario, Néstor Moncada Lau; el tesorero del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Francisco López; el expresidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas; y el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno.
Además, el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento) y líder sindical, Gustavo Porras; la ministra de Salud, Sonia Castro; el ministro de Transporte e Infraestructura, mayor general en retiro Óscar Mojica; y el titular del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Orlando Castillo.
Asimismo, el Banco Corporativo (BanCorp) de Nicaragua, una entidad financiera vinculada a los sandinistas.
Las sanciones bloquean todos los bienes e intereses de los afectados y el BanCorp en Estados Unidos o los que están relacionados con ciudadanos estadounidenses.
El 20 de diciembre pasado el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó la «Nica Act» que impone sanciones individuales a miembros del Gobierno de Ortega, además de limitar el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales como los del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
A pesar de esas sanciones, continuó el embajador, la «comunicación franca entre nuestros gobiernos sigue siendo esencial».
Por otro lado, Sullivan destacó las negociaciones políticas que mantiene el Gobierno de Ortega con una coalición opositora con la que esperan superar la crisis, y consideró que «la Alianza Cívica ha jugado un rol clave como representante de las demandas de los nicaragüenses a favor de los derechos humanos y la democracia».
En ese sentido, valoró el trabajo del nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y del exministro de Defensa de Uruguay Luis Ángel Rosadilla, como testigo y acompañante de esas negociaciones en representación del Vaticano y de la Secretaría General de la OEA, respectivamente.
Advirtió, sin embargo, que «cada día que pasa sin una solución a la crisis trae como consecuencia más negocios que cierran, más tierra sin cultivar y más fuga de talento humano».
«Es vital que los nicaragüenses puedan volver a tener la confianza de que sus derechos fundamentales estarán protegidos y sus voces serán escuchadas», añadió.
