Managua.-
El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), junto a los periodistas Carlos Fernando Chamorro y Miguel Mora, directores propietarios de Confidencial y 100% Noticias, —medios de comunicación confiscados ilegalmente desde diciembre del año pasado— exigieron la devolución de los bienes y una reparación por los daños económicos y morales causados.
El presidente del COSEP, José Adán Aguerri, recordó que desde la primera Agenda COSEP publicada en el año 2009, la organización gremial empresarial se comprometió con el modelo de las libertades: la libertad de organización, la libertad de movilización, la libertad de expresión y la libertad de prensa.
“Esa posición ha sido invariable a lo largo del tiempo en diferentes momentos y lo hemos venido dejando expresado desde el punto de vista de lo que nosotros representamos y lo que significan nuestros principios también”, expresó.
Aguerri agregó que el Estado debe garantizar el derecho a la propiedad privada y al pleno ejercicio de las actividades económicas que no solo son derechos y principios que tiene el sector privado, sino que son principios constitucionales “por eso aquí se ha hablado que se ha atacado no solo la libertad de prensa sino también el derecho a la propiedad y la libertad económica”.
“Lo que ha sucedido contra Confidencial, Esta Semana y 100% Noticias ha sido inconstitucional y los funcionarios han actuado abusando de su autoridad. Estamos aquí para exigir, una vez más, que cese la represión y la censura a la libertad de prensa que están sufriendo los medios independientes. Pedimos que se reviertan estas acciones ilegales que han sido contra el sector privado”, dijo Aguerri refiriéndose también a La Prensa, El Nuevo Diario, Radio Darío, Radio Corporación, Canal 12 y Canal 10, entre otros.
Recordó que estas medidas ilegales contra los medios de comunicación independientes representan un incumplimiento al Acuerdo suscrito como miembros de la Alianza Cívica en el marco de la mesa de diálogo, en materia de fortalecimiento de derechos y garantías ciudadanas.
En su parte referida a la libertad de expresión y de información veraz exigía la revisión de todas las acciones ilegales del Estado en relación a los bienes pertenecientes a los medios de comunicación afectados en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril que permitiera la devolución de todos sus bienes por parte de las autoridades judiciales. Por otro lado, en el capítulo de derechos políticos la revisión de las acciones ilegales en relación a la cancelación de las personerías jurídicas a las 9 ONG´s que permitiera conforme leyes y derecho la restitución de sus personalidades jurídicas y la devolución de sus bienes, indica el Acuerdo firmado por la Alianza Cívica y el gobierno el 28 de marzo pasado.
“Sigue siendo eso un incumplimiento por parte del gobierno y sigue siendo una demanda para que esto se cumpla porque es una situación donde el gobierno firmó y les corresponde honrar esa firma”, sostuvo.
Asimismo, Aguerri enumeró un inventario de acciones que han sucedido en contra de la libertad de prensa y que han venido escalando a lo largo de la crisis.
“Cuando vemos el inventario de lo que ha venido sucediendo en contra de la libertad de prensa lo que vemos es periodistas presos, periodistas exiliados, lo que vemos son medios confiscados, medios cerrados, periodistas asesinados, censura a la libertad de prensa, acoso fiscal, lo que vemos es colaboradores y familias de periodistas afectadas; ese es el inventario que tenemos que buscar como desaparecer en esta nueva Nicaragua sobre la que estamos luchando”, explicó.
El presidente del COSEP añadió que se está haciendo un esfuerzo para mantener actualizado a los organismos internacionales sobre lo que sigue sucediendo en el país “estamos a las puertas de entregar a finales de este mes nuestra última valoración al mismo examen que se hizo de derechos humanos por parte de Naciones Unidas en relación con Nicaragua”.
“Corresponde en septiembre una nueva revisión y vamos a estar como sector privado igual que lo hicimos en el EPU que se dio en meses anteriores, actualizando esta misma situación donde reiteramos que se mantiene esa situación contra la libertad de prensa, contra el derecho a la propiedad y contra la libertad económica”, expresó Aguerri.
Exigen devolución de los bienes
Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y Esta Semana, dijo que la ocupación el pasado mes de diciembre de las empresas Invermedia; Promedia y CABAL, y del inmueble de su propiedad donde se encuentran las oficinas de estas empresas, representa una confiscación de facto que está prohibida por la Constitución y por lo tanto debe ser suspendida de inmediato.
“Desde hace más de siete meses cuando se produjo este asalto brutal he sostenido que esta acción del Estado no está amparada en ninguna orden judicial y representa una triple violación contra la libertad de prensa, de empresa y contra el derecho a la propiedad privada que son todos principios que están tutelados por la Constitución y están siendo violados y exigimos que se ponga fin a esta ilegalidad”, remarcó Chamorro.
Asimismo, el director de Confidencial demandó al Estado la devolución de todos los bienes robados y una reparación de los daños económicos y morales causado.
Por su parte Miguel Mora, director de 100% Noticias, destacó que, además de representar y ejercer el periodismo en Nicaragua desde hace varias décadas también son empresarios “y el empresariado nicaragüense ha sido sometido a lo largo de muchos años a confiscaciones, a persecución, a extorsión y a competencia desleal».
“La situación de los medios de comunicación Confidencial, Esta Semana y 100% Noticias es un atentado y una violación flagrante a la libertad de empresa y a la propiedad privada en Nicaragua, y cuando se violan estas libertades sumada a la libertad de expresión y de prensa cualquier otra libertad está expuesta a ser violada y transgredida”, dijo el director de 100% Noticias.
Mora exigió al gobierno que regrese de inmediato el Canal 100% Noticias a sus verdaderos dueños “aquí estamos ante un descaro total, esto es robo a mano armada delante de toda la ciudadanía y de cara ahora ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
“Nos reservamos el derecho de demandar (al Estado) no solo indemnización, sino que la misma Constitución de la República establece que la confiscación es prohibida constitucionalmente”, manifestó Mora.
