Mensaje de fin de año del presidente de la SIP, Jorge Canahuati
Miami.-
En un llamado público a la comunidad internacional, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Jorge Canahuati, reclama que el 2022 debe ser el año en el que se restaure la democracia en Nicaragua.
En el mensaje habitual de fines de año, en el que la SIP hace un balance anual sobre el comportamiento de la libertad de prensa en el continente americano, Canahuati pone énfasis sobre Nicaragua como el país con la mayor regresión en 2021.
Canahuati pide al régimen nicaragüense decretar una amnistía para que sean liberados los presos de conciencia, medida a la que considera «el punto de partida para tratar de restaurar la democracia».
Texto completo del mensaje del presidente de la SIP y del Grupo Opsa, de Honduras:
Mensaje de fin de año del presidente de la SIP, Jorge Canahuati
«Durante 2021 los más graves atropellos contra la libertad de prensa y de expresión en las Américas ocurrieron en Nicaragua. En ese país, varios periodistas, junto a los principales líderes de la oposición cívica y directivos de organizaciones no gubernamentales permanecen encarcelados y sin derechos procesales.
Solo una amnistía para los prisioneros de conciencia podría ser el punto de partida para tratar de restaurar la democracia en Nicaragua, aunque el régimen del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo se mantienen inconmovibles en esta Navidad.
Pese a que ponga énfasis en el caso de Nicaragua, no puedo olvidar que Cuba y Venezuela tienen el peor legado de libertad de prensa en las últimas décadas, con un retroceso lamentable durante este 2021. En Cuba los periodistas independientes, artistas e intelectuales han padecido uno de los periodos de represión más difícil en los últimos 25 años. Las detenciones, acusaciones y hostigamiento permanente son las herramientas preferidas de la dictadura para frenar la libertad de expresión, pero no lo ha logrado. En Venezuela los agravios del régimen a la libertad de expresión también se recrudecieron este año. Uno de los casos más destacados fue la toma de las instalaciones de El Nacional por parte de las Fuerzas Armadas, y para garantizar que sus ciudadanos estén informados, muchos medios independientes solo funcionan en la web y desde el exterior.
Respecto a Nicaragua, el ejemplo más palpable de avasallamiento contra la libertad de prensa lo representa el diario La Prensa. El periódico ha sobrevivido a la dictadura de Anastasio Somoza, a los ataques de la revolución sandinista, a varios terremotos, la destrucción de sus oficinas por turbas, el ejército y la policía, boicots económicos, el encarcelamiento de directores y editores y hasta el asesinato de su director, Pedro Joaquín Chamorro en 1978. El diario, se vio obligado a despedir a más de 120 trabajadores, aunque sigue publicándose de forma virtual gracias a valerosos periodistas que continúan en el país y, otros, desde el exilio. Su gerente general, Juan Lorenzo Hollman, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, lleva más de cuatro meses y medio en prisión y su salud se ha deteriorado.
Es impresionante que, casi 44 años después, la familia Chamorro sigue pagando el precio de enfrentar a las dictaduras. Los hermanos Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios se encuentran privados de su libertad y su otro hermano, Carlos Fernando, se exilió en Costa Rica para evadir el sunami represivo de los Ortega.
El caso de La Prensa y del arresto de sus directivos no es el único, como se puede leer en este enlace. Desde junio se encuentra encarcelado Miguel Mora, director del canal 100% Noticias y precandidato presidencial, a quien se le acusa de «conspiración para cometer menoscabo a la soberanía nacional». También están presos Miguel Mendoza, cronista deportivo y Jaime Arellano, periodista y comentarista.
Unos 50 periodistas han recibido citatorios judiciales y, ante constantes amenazas, muchos se vieron obligados a abandonar el país, como el editor jefe Octavio Enríquez y otros siete periodistas de La Prensa y el fotógrafo de Confidencial, Carlos Herrera.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registró unos 65 casos de periodistas en situación de extrema de vulnerabilidad y riesgo. Además, la CIDH otorgó medidas cautelares a unos 49 trabajadores de los medios Confidencial, Divergentes, Radio Darío y La Costeñísima.
Los presos políticos son sometidos a constantes interrogatorios sin abogados, amenazas, aislamiento, mala alimentación y se viola el derecho de los familiares a las visitas. El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denunció recientemente en Costa Rica que en la actualidad hay 167 presos políticos en las cárceles nicaragüenses y documentaron 115 testimonios de torturas.
A su escalada represiva, el régimen de Ortega-Murillo fabricó el año pasado varias leyes para penalizar cualquier asomo de crítica y oposición. La Ley de Agentes Extranjeros, dirigida a bloquear a las organizaciones que vigilan los derechos humanos y la libertad de expresión, fue utilizada para lograr el cierre de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh).
Desde mayo varios empleados de la fundación fueron apresados y, el 2 de junio, se ordenó el arresto domiciliario de su presidenta, Cristiana Chamorro Barrios. Al momento de su detención ella encabezaba las encuestas de popularidad entre los precandidatos presidenciales que enfrentarían a Ortega en noviembre. Al final, todos los precandidatos con mayor respaldo popular terminaron encarcelados.
Entre tanto, el presidente Ortega mantiene un discurso hostil y estigmatizante contra los reos políticos a quienes llama «traidores de la patria». Ortega públicamente se ha referido a estos prisioneros como «hijos de perra del imperialismo norteamericano» y en la cumbre de países del ALBA, realizada en Cuba hace dos semanas, advirtió que no liberaría a nadie.
En junio, como parte del trabajo de la SIP a favor de la libertad de prensa, realizamos una misión virtual con la que recogimos testimonios de periodistas, directivos de medios, dirigentes de la oposición, académicos, empresarios, representantes de la sociedad civil y de la Iglesia Católica. Todos ellos, sin excepción, nos solicitaron mantener la denuncia internacional y el apoyo a los periodistasnicaragüenses.
En esta época de recogimiento, desde la SIP hacemos llegar un mensaje de admiración y solidaridad con los prisioneros políticos y periodistas encarcelados por el régimen. Reiteramos nuestro compromiso de seguir exigiendo al gobierno nicaragüense que respete y garantice la libertad de prensa.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos.
