Guatemala | EFE.-
En medio del respaldo de familiares y la exigencia de Justicia por parte de activistas humanitarios, 14 militares retirados comparecieron hoy ante la Justicia de Guatemala para responder por al menos 558 desapariciones forzadas de indígenas durante el conflicto armado interno en ese país (1960-1996).
El abogado Moisés Galindo, defensor de uno de los detenidos, Carlos Augusto Garavito Morán, intentó sin éxito, pero con el respaldo de los colegas que defienden a los otros 13 miliares retirados, detener la audiencia al plantear la falta de competencia de la jueza Claudette Domínguez para dirigir el proceso.
Pero la presidenta del Juzgado A de Mayor Riesgo desatendió el recurso de «competencia dudosa» y dijo tener la «competencia» suficiente para conocer este caso, que se inició en el año 2012 tras la sentencia por la masacre conocida como «Plan de Sánchez», en la que fueron asesinados 256 indígenas.
Mientras en la sala los problemas eléctricos provocaban continuos parones de la audiencia, en las afueras de la Torre de Tribunales familiares de los exoficiales del Ejército cuestionaron a la Justicia y también pidieron la captura de los exguerrilleros que participaron en las matanzas durante los 36 años de guerra.
«En dónde quedaron los Acuerdos de Paz», «Mi abuelo es un héroe. Derechos humanos para los militares», «Militares por defender al país van a la cárcel.. guerrilleros por atacar al país los liberan.. ¿dónde quedó la justicia?», se leía en algunas pancartas que portaban los familiares de los detenidos.
Los activistas humanitarios también contraatacaron y colocaron una pancarta que decía: «Juicio y castigo al Ejército asesino».
Los 14 militares fueron detenidos el pasado miércoles y el Ministerio Público (MP) los acusa de haber participado en al menos 558 desapariciones forzadas en la década de los ochenta en regiones de los departamentos norteños de Alta y Baja Verapaz.
Los 14 presuntamente participaron en la desaparición de 558 personas, 85 de ellos menores de edad; 22 tenían entre 0 y 3 años, 19 entre 4 y 12 años y 44 de ellos eran adolescentes, entre 13 y 17 años.
Según el ente público, los militares retirados participaron de forma «sistemática» en crímenes y matanzas que se pueden considerar «crímenes de guerra», así como violaciones múltiples a mujeres y menores de edad.
Uno de los detenidos es el general retirado Manuel Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor del Ejército y hermano del fallecido presidente de Guatemala Fernando Romeo Lucas García (1978-1982).
Los otros son Raúl Dehesa Oliva, Byron Barrientos Díaz, Pablo Roberto Saucedo Mérida, César Augusto Ruiz Morales, Carlos Humberto Rodríguez López, Carlos Augusto Garavito Morán y Gustavo Alonzo Rosales García.
Además, Ismael Segura Abularach, Juan Ovalle Salazar, Juan Antonio Vásquez, Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, Edilberto Letona Linares y Edgar Rolando Hernández Méndez.
De acuerdo con la Fiscalía de Derechos Humanos del MP, la mayoría ocupó altos cargos en la antigua Zona Militar 21 de Cobán, Alta Verapaz, en cuyos terrenos fueron encontradas en 2012 las 558 osamentas de los indígenas de la etnia maya Achí, que fueron secuestrados y desaparecidos por el Ejército.
Durante este viernes, el MP solo pudo leer la imputación a 7 de los 14 detenidos, concretamente a Segura Abularach, Ovalle Salazar, Saucedo Mérida, Lucas García, Barrientos Díaz, Ruiz Morales y Rodríguez López.
La jueza programó la continuación de la diligencia para el próximo lunes a las 08.30 hora local (14.30 GMT), cuando el estatal Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) deberá también entregar los resultados de los exámenes médicos de los 14 detenidos, cuya edad es avanzada, ordenados hoy mismo por Domínguez.
