Por Henry Flores | San Salvador.-
Un total de 7 horas tardó el juez en leer la resolución del proceso penal contra el expresidente Francisco Flores, quien fue enviado a prisión preventiva mientras se realiza la audiencia de vista pública. Peculado, lavado de dinero y desobediencia a particulares son los delitos que se le imputan.
El reloj marcaba las 8:35 de la mañana cuando dos camionetas marca Toyota, de color negro, todo terreno, llegaron al Centro Judicial Isidro Menéndez. Ahí esperaban unos agentes policiales y después de saludar a quienes iban adentro de los vehículos procedieron a abrir inmediatamente el portón donde generalmente solo ingresan los empleados judiciales.
Cuando la esposa del expresidente de la República, Francisco Flores, Lourdes de Flores, se bajó junto a su hija y otros familiares, ya los esperaban algunos periodistas quienes le solicitaron declaraciones. Respetuosamente indicó con la mirada que no hablaría.
En ese mismo momento, un contingente del Grupo de Reacción Policial (GRP) y algunos mandos medios de la corporación escoltaban al exmandatario que ingresó evadiendo a la prensa por el parqueo del sótano, previamente coordinado con la seguridad del Centro Judicial.
Luego ingresaron los querellantes, Bertha María Deleón, René Landaverde y Óscar Campos, posteriormente el grupo de fiscales delegados por el entonces titular de la institución, Luis Martínez. Hasta ese momento nadie quería dar declaraciones y recomendaban esperar la sentencia judicial.
Ingresó al filo de las 9:15 de la mañana el juez Miguel García Argüello y el equipo jurídico del Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador. Sin más preámbulo empezó a leer la resolución de la audiencia preliminar.
El juez empezó emitiendo su resolución por el delito de peculado e hizo una relación de como Flores recibió a su nombre $10 millones de Taiwán, desviados posteriormente a través de varios bancos a cuentas del partido ARENA en 2004.
“Hubo abuso en el manejo del dinero por parte del señor Flores y no siguió (el) debido proceso. Los cheques fueron endosados por él y actuó con dolo”, confirmó el juez García. Ahí anunció que “se configuró la primera etapa de lavado de dinero y caso especial de lavado de dinero”.
Cuando los abogados defensores de Flores escucharon la primera referencia a ese delito, empezaron a hablarse entre sí al oído dándose por aludidos sobre un delito del cual siempre negaron su existencia, incluso la Fiscalía General de la República (FGR) se había negado a investigarlo tras fuertes presiones de los abogados querellantes.
El juez García confirmó que los “fondos ingresaron a la cuenta del Centro de Estudios Políticos José Antonio Rodríguez y a cuentas del COENA”, por lo que resolvió apertura a juicio por peculado cometido por el exmandatario. En caso de ser encontrado culpable podría pagar con una condena de hasta 15 años por este delito.
El segundo crimen por el que Flores es procesado corresponde a enriquecimiento ilícito. El juez confirmó que Flores no pudo justificar $333,000. Por esta razón el juez cambió la tipificación de delito de enriquecimiento ilícito a “caso especial de lavado de dinero”, donde también relacionó la desaparición de $5 millones otorgados por Taiwán y del cual no hay registros. Por este delito Flores podría ser condenado a otros 12 años si es encontrado culpable en vista pública.
El juez Séptimo de Instrucción sumó un tercer delito para que sea procesado en sentencia definitiva, puesto que cometió desobediencia a particulares al no presentarse a una comisión legislativa que lo investigó en 2014.
Solo en la lectura de las resoluciones el juez tardó más de dos horas y media, hasta que llegó el momento de emitir la medida cautelar con detención provisional para garantizar su presencia en la audiencia de vista pública.
El juez valoró también que la enfermedad del exmandatario no es grave como para justificar que por eso debe estar en arresto domiciliario y explicó que su atención médica es ambulatoria.
Inmediatamente los defensores del expresidente de la República interpusieron verbalmente un recurso de revocatoria por no estar de acuerdo que lo enviaran a bartolinas. Pidieron, además, que los querellantes fueran separados del proceso penal aduciendo que nunca se acreditaron en el proceso como ciudadanos, sino como representantes de fundaciones.
“Es lógico que cuando nos acreditamos en el proceso presentamos nuestro Documento Único de Identidad y nuestra tarjeta de abogados”, afirmaron los querellantes.
Al filo de la una de la tarde y después de cuatro horas de leer la resolución, el juez García decretó receso hasta las 3:00 de la tarde para resolver el recurso.
En el receso, la hija del mandatario se despidió de su padre con un abrazo, al igual que su esposa Lourdes, quienes no ocultaron su malestar y tristeza. A esa hora también ingresó su hijo y otros familiares.
A las 3:15 de la tarde, el juez resolvió: “Los abogados querellantes se encuentran suficientemente legitimados para querellar”, y confirmó la detención provisional declarando inadmisible el recurso de revocatoria por no cumplir con el debido proceso en forma y tiempo.
Un poco antes de las cuatro de la tarde, Flores fue trasladado por un vehículo de la Policía Nacional Civil a las bartolinas de la DAN, donde estará recluido mientras se programa la audiencia de sentencia definitiva donde se decide si es condenado por los delitos que se le imputan o es dejado en libertad.
