De Anna CUENCA | AFP
España tildó este miércoles de «intolerables» los «insultos y amenazas» del presidente venezolano Nicolás Maduro que, a raíz de una declaración del Parlamento de Madrid pidiendo la liberación de opositores políticos, calificó al jefe del gobierno español de «racista».
«El Gobierno considera intolerables las últimas declaraciones, insultos y amenazas proferidas por el presidente Maduro contra España», afirmó el ministerio español de Asuntos Exteriores en un comunicado.
«Las autoridades españolas han sido y serán siempre respetuosas de la dignidad de las personas que ocupan cargos de gobierno en Venezuela», agregó.
Caracas consideró «injerencistas e irrespetuosas» estas declaraciones de Madrid «en contra del gobierno y del presidente» venezolanos y convocó al embajador español en el país, Antonio Pérez-Hernández y Torra.
«Hemos ratificado al embajador del reino de España en Venezuela que las autoridades de su gobierno deben ceñirse al estricto apego al derecho internacional», apuntó la jefa de la diplomacia venezolana, Delcy Rodríguez, quien instó de nuevo a Madrid a respetar «la soberanía de Venezuela».
Un día antes, Nicolás Maduro había calificado al jefe del ejecutivo español, el conservador Mariano Rajoy, de «racista» y había afirmado que analizaba «respuestas» a la «agresión» de la que eran «víctimas los venezolanos por parte de las élites corruptas y corrompidas de España».
Rodríguez aseguró el miércoles que su gobierno hará saber «muy pronto» cuáles son las medidas sobre la «revisión del estatus de las relaciones entre ambos países».
‘Nuevo chivo expiatorio’
En opinión de Carlos Malamud, especialista sobre América Latina en el Real Instituto Elcano de estudios internacionales, Maduro podría estar buscando «un nuevo chivo expiatorio» ahora que el acercamiento entre su principal aliado, Cuba, y Estados Unidos dificulta arremeter contra Washington.
«Necesita agitar algún espantajo externo a la política nacional para tratar de tapar la grave crisis económica, política y social que tiene Venezuela», afirma. «Necesitaba algún enemigo al cual atacar» y «la declaración del Congreso le ha venido como anillo al dedo para nuevamente enfilar sus cañones contra España», subraya.
El martes el Congreso de los Diputados español aprobó por inmensa mayoría, con el apoyo del partido de Rajoy y de varios de la oposición, incluidos los socialistas, una declaración que pide la «liberación inmediata» de los líderes opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma, así como de otros políticos encarcelados en el país, e insta al ejecutivo a trabajar en ese sentido.
«Que las Cortes [españolas] vayan a opinar de su madre, pero que no opinen de Venezuela», dijo Maduro poco después durante su programa televisivo «En contacto con Maduro».
Desenlance ‘imprevisible’
Como consecuencia, el embajador venezolano en Madrid, Mario Ricardo Isea, también fue convocado este miércoles por el gobierno español para expresarle su «malestar y rechazo» por estas palabras.
«Este tipo de declaraciones e insultos no contribuyen a un mínimo entendimiento entre dos gobiernos que representan a dos pueblos unidos históricamente por estrechos lazos», afirmó el ministerio de Exteriores español.
Es la primera vez que la cancillería convoca al embajador venezolano desde la vuelta de éste a finales de febrero a Madrid, después de que Caracas lo llamara a consultas en octubre como protesta por una reunión que Rajoy mantuvo con Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López. En marzo, el jefe del ejecutivo español recibió también en Madrid a Mitzy Capriles, esposa de Antonio Ledezma.
No obstante, Malamud se muestra cauteloso ante la posibilidad de una crisis diplomática. «Los límites de la escalada, evidentemente no dependen de España sino de Nicolás Maduro y en ese sentido es bastante imprevisible», precisa.
Maduro «ha podido constatar en la cumbre de las Américas, inclusivemente antes de la cumbre y después, que el periodo de esplendor de la diplomacia venezolana ha comenzado a declinar», asegura.
Y no descarta que por parte de Caracas ahora «vuelva a haber presión sobre las empresas españolas con la falsa creencia de que éstas pueden incidir sobre el gobierno y sobre todo sobre el Parlamento, con la intención de revertir lo que considera injerencia en los asuntos venezolanos».
