Víctimas de la guerra salvadoreña reafirman su rechazo a la ley de “reconciliación”

Víctimas de la guerra salvadoreña reafirman su rechazo a la ley de “reconciliación”. EFE

San Salvador | EFE.-

Un grupo de víctimas de las violaciones a derechos humanos registradas durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992) reafirmó esta domingo su rechazó a un polémico proyecto de ley de “reconciliación nacional” del Congreso.

Unas 70 personas, entre víctimas del conflicto armado y representantes de organizaciones sociales, se concentraron en la Plaza Constitución de la capital salvadoreña para manifestar su rechazo a la iniciativa, que señalan de ser una “amnistía encubierta” de los crímenes de guerra.

“Esa ley viene a favorecer solo a los victimarios, nosotros queremos que las víctimas sean oídas”, dijo a periodistas Sofía Hernández, a quien el Ejército le desapareció a una hija, dos hermanos y cuatro sobrinos a inicios de 1980.

Hernández, del Comité de Familiares de Víctimas de las Violaciones de los Derechos Humanos (Codefam), señaló que dicha iniciativa atentan contra la “libertad” que les dio la anulación de una ley de amnistía en 2016 para llevar sus casos ante los tribunales.

Esta concentración se da un día antes de que representantes de las víctimas asistan a una reunión con los diputados del Congreso que impulsan la ley de “reconciliación nacional”.

La reunión fue convocada por este órgano de Estado tras frenar la noche del jueves la votación de dicha legislación ante el rechazó de casi una veintena de organizaciones sociales, así como de Naciones Unidas y embajadores de la Unión Europea (UE).

Según el exprocurador de Derechos Humanos y miembro de la organización Cristosal, David Morales, “los criminales de lesa humanidad en El Salvador serán protegidos para no ir a prisión y se protegerá su patrimonio en todos los juicios”.

Morales explicó recientemente que dicha iniciativa sería una “ley de punto final”, dado que da un plazo “no racional de 5 meses” a la Fiscalía General de la República (FGR) para elaborar una “lista corta” de los casos que procesaría y “los que no entren en la lista serán amnistiados”.

Por otra parte, señaló que “ningún condenado tendrá pena de prisión y ningún procesado será detenido” y deja fuera de los procesos a los autores intelectuales de los crímenes de guerra, quienes “son realmente los máximos responsables”.

La polémica iniciativa surgió tras casi un año de trabajo de un cuestionado grupo de diputados, formado por exguerrilleros y militares retirados, encargado de estudiar las implicaciones de la anulación de una ley de amnistía por un fallo de la Corte Suprema en julio de 2016.

La Sala de lo Constitucional del Supremo ordenó al Congreso, en el fallo que anuló la amnistía de 1993, crear una nueva legislación enfocada en la reparación de las víctimas.

Dicha anulación permitió la reapertura de procesos penales por crímenes de guerra, que estarían en peligro por la ley que prepara el Congreso, según las organizaciones.

Entre los procesos reabiertos se encuentran la causa por la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981), el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980) y el asesinato de seis padres jesuitas (1989).