Una ONG ve en el Código Penal hondureño un retroceso en la lucha contra la violencia machista

Tegucigalpa | EFE.-

Honduras, donde en 2018 murieron 380 mujeres de forma violenta, dará un paso atrás en materia de derechos humanos y el combate a la violencia machista con la aplicación del nuevo Código Penal, que se prevé que entre en vigor en noviembre, según la ONG Grupo Sociedad Civil.

Para la directora de la entidad, Jessica Sánchez, el Código Penal supone “un retroceso” para Honduras porque la ciudadanía “no se dio cuenta de lo que pasó” con su aprobación.

El nuevo Código Penal afectará más a los “más desposeídos y en especial a las mujeres, niños y jóvenes”, aseguró Sánchez en una entrevista con Efe.

Lamentó que en los casos de violencia sexual, según la nueva norma penal, los agresores “pueden salir con libertad condicional” tras cumplir una condena de hasta 8 años de prisión por buena conducta, cuando la pena anterior era de hasta 15 años de cárcel.

Honduras no cuenta con un registro de agresores sexuales y carece de una “cultura de denuncia de delitos”, lo cual da “vía libre” para que los agresores reincidan, señaló.

Algunos delitos de violencia contra la mujer “son conmutables por servicios a la misma víctima”, es decir, que el agresor puede cuidar las mascotas o limpiar la casa de su víctima, agregó.

La activista señaló que el acoso sexual contra menores es castigado actualmente con entre tres y seis años de cárcel, pero en el nuevo Código Penal este delito no contempla pena alguna.

Al desaparecer estos artículos, aseguró, el Estado está diciendo que esos delitos no “son prioritarios” y que “no visibiliza a esa población como víctima de un delito”.

En su opinión, el Código Penal de Honduras fomenta la impunidad debido a la falta de eficacia de la Justicia y la poca investigación, situación que propicia su repetición.

El país centroamericano tiene “problemas con la judicialización y la investigación criminal” y al entrar en vigor el nuevo Código Penal se tendrán “más casos sin resolver”.

Según registros del estatal Comisionado de los Derechos, en 2018 fueron asesinadas 380 mujeres en Honduras, cuyos crímenes en más del 90 % de los casos se mantienen impunes.

En un país tradicionalmente dominado por los hombres, muchas mujeres que no eran conscientes de que eran víctimas de maltrato decidieron romper su silencio.

En 2018, el organismo de derechos humanos registró 3.822 denuncias de presuntas violaciones a derechos humanos interpuestas por mujeres, de las cuales 1.370 están relacionadas con el derecho a la vida e integridad personal, en su mayoría por amenazas de muerte, intimidación o coacción y malos tratos.

Sánchez dijo que con el nuevo Código Penal, que fue aprobado en mayo por el Parlamento y sustituirá al de 1983, se avizora un “escenario más nefasto” para las mujeres hondureñas y “efectos negativos” para la jurisprudencia de Honduras por contradecir las convenciones internacionales.

Lamentó que el Código Penal no contempla el acoso callejero, un tipo de violencia machista que las mujeres padecen todos los días al usar el transporte público o caminar por las calles de Honduras, donde es percibido como una costumbre de los varones.

El Código Penal tiene “grandes lagunas” en el tema de las mujeres, señaló la activista, quien apuntó que con la nueva ley Honduras envía una “imagen de retroceso” ante el mundo.

Agregó que las autoridades hondureñas no han revisado “a profundidad y conciencia” las convenciones de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y de Belém do Pará, por lo que el Estado podría enfrentar demandas por su violación.

Sánchez, al igual que una veintena de organizaciones hondureñas, destacó la necesidad de ampliar el “vacatio legis” del Código Penal hasta el segundo semestre de 2020 con el fin de reformar la parte sancionatoria de la normativa penal.

La violencia y agresión contras las mujeres en el nuevo Código Penal pasa a ser “un delito leve” y castiga a los agresores con “pena baja” o les permite beneficiarse “con penas alternas” a la prisión, señalaron esta semana las organizaciones, entre ellas Pastoral Cáritas de Honduras.

Las mujeres están expuestas a mayores riesgos ante situaciones de violencia en Honduras, donde según cifras de organizaciones feministas una mujer es asesinada cada 18 horas, en muchos casos por su pareja o expareja.