Reglamento de la UAF viola garantías y derechos constitucionales

Redacción | Managua | cawtv.net.-

Hasta nuestra sala de redacción nos llegó un documento suscrito por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), AMCHAM y ASOBANP, donde manifiestan la desestimulación hacia la inversión nacional y extranjera al haberse puesto en vigencia el Decreto Ejecutivo No. 14-2018, Reglamento de la Ley No. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), al mandarlo a publicar en La Gaceta, Diario Oficial No. 190 del 3 de octubre de 2018, incorporando nuevamente ámbitos materiales normativos que consideran implicarán violación de derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, empresarios y empresas del país, en momentos en que como Nación se enfrenta la mayor crisis política en tiempos de paz que conoce nuestra historia reciente.

A continuación publicamos el documento completo:

Desde el 2012, COSEP, AMCHAM y ASOBANP reconocimos la necesidad institucional técnica de que el país conforme sus obligaciones internacionales, adoptara en su legislación interna las observaciones del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), en particular, la constitución de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para satisfacer los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y activos, provenientes de actividades ilícitas y delitos vinculados con el financiamiento al terrorismo, que permitiera en ese momento que Nicaragua saliera de la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La dinámica de trabajo y compromisos asumidos con el GAFI conllevó que la Asamblea Nacional en junio de 2012 aprobara la Ley No. 793, Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero, la cual desafortunadamente no incorporó en su texto final las observaciones y propuestas que hicimos con el objetivo de garantizar los derechos y garantías constitucionales de todos los nicaragüenses.

La situación anterior motivó que tuviésemos que solicitar el Veto Parcial de la Ley, y después, una vez publicada y puesta en vigencia la misma, se introdujera por COSEP un Recurso de Inconstitucionalidad Parcial; recurso contra dicha ley que no fue resuelto en tiempo por la CSJ, y que ahora seis años después, pierde su eficacia jurídica, y que la Ley No. 793, fue derogada al aprobarse la Ley No. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero puesta en vigencia en junio del 2018.

Recientemente el gobierno ha puesto en vigencia el Decreto Ejecutivo No. 14-2018, Reglamento de la Ley No. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), al mandarlo a publicarlo en La Gaceta, Diario Oficial No. 190 del 3 de octubre de 2018, incorporando nuevamente ámbitos materiales normativos que considerarnos implicarán violación de derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, empresarios y empresas del país, en momentos en que como Nación enfrentamos la mayor crisis política en tiempos de paz que conoce nuestra historia reciente.

Es preciso en base a lo anterior, advertir que por tales cambios normativos la UAF pasa de ser una entidad de análisis financiero que recibe reportes en relación con operaciones sospechosas presuntamente relacionadas con determinados delitos, a desarrollar funciones de investigación criminal propias de la Policía Nacional y el Ministerio Público, sin las limitaciones legales impuestas a estas instituciones al no mediar en su actuación administrativa mandato u orden judicial alguna; violentando una garantía fundamental regulada en forma estricta por la propia Constitución y el Código Procesar Penal vigente, por el cual se establece “que para efectuar actos de investigación que puedan afectar derechos consagrados en la Constitución Política, cuya limitación sea permitida por ella misma, se requerirá autorización judicial debidamente motivada por cualquier Juez de lo Distrito de lo Penal con competencia por razón del territorio”: Así mismo se excede el Reglamento de la Ley cuando se le atribuyen a la Procuraduría General de la República funciones investigativas que no le competen y además se autoriza a la UAF a compartir la información que debe estar única y exclusivamente bajo su resguardo, tal y corno lo establece su Ley.

Consideramos que las potestades reglamentarias de la UAF de poder tener acceso directo a información resguardada por las principales Instituciones públicas del país, así como la de imponer Sanciones “administrativas” a los sujetos obligados supervisados que podrían conllevar la “suspensión temporal o cierre definitivo” de las operaciones de los empresarios y/o empresas, están contribuyendo a exacerbar el clima de inseguridad jurídica que prevalece por la crisis política y en forma negativa a desestimular aún más la inversión nacional e internacional, la creación de empresas y la generación del empleo; afectando en forma directa al sector empresarial micro, pequeño, mediano y grande sin distingo alguno, incluyendo a los contribuyentes inscritos en el régimen general, así como a los del régimen de cuota fija.

Además, la aplicación de estas normas nos podría llevar como Estado a inobservar obligaciones internacionales suscritas en materia económica y de derechos humanos, que nos aislarán, aún más, de la comunidad internacional y de los organismos multilaterales; haciendo más compleja la posibilidad de que nuestro país se encamine nuevamente por la senda de la paz, la seguridad y el progreso.

MANAGUA, DOCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

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