Rechazan desaforar a diputados paraguayos acusados de corrupción y narcotráfico

Asunción | EFE.-

La Cámara de Diputados de Paraguay rechazó este miércoles la petición de desafuero contra tres legisladores, uno de ellos perteneciente al gobernante Partido Colorado y procesado por implicación con el narcotráfico.

El sorpresivo tratamiento de la pérdida de investidura y su rechazo posterior benefició al oficialista Ulises Quintana, acusado de narcotráfico, y al también colorado Tomás Rivas, este imputado por tráfico de influencias.

El tercero diputado que eludió el desafuero fue Carlos Portillo, del Partido Liberal, el mayor de la oposición y procesado por los mismos delitos que Portillo.

La Cámara Baja está integrada por 80 miembros y de los presentes en la sesión de hoy 37 votaron contra el desafuero de Quintana, 19 a favor, 7 lo hicieron en blanco y tres se abstuvieron.

Este diputado fue imputado tras la detención en septiembre de 2018 del supuesto jefe narco Reinaldo Cabañas en una operación antidrogas llevada acabo en Ciudad del Este, segunda urbe del país, en la frontera con Brasil.

La Fiscalía procesó a Quintana tras admitir que habló por teléfono con Cabañas cuando este le pidió que intercediera por un allegado suyo que fue detenido en un control de carretera con 190.000 dólares ocultos en el vehículo en que viajaba.

Quintana, de la facción del Partido Colorado afín al jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, reconoció que Cabañas le prestó varios vehículos para utilizar en su campaña electoral con vistas a los comicios generales de abril de 2018.

Por su parte, Portillo mantuvo sus fueros gracias a los 39 colegas que votaron a su favor, frente a los 20 que lo hicieron en contra y 7 abstenciones.

El diputado liberal arrastra un proceso desde la legislatura anterior por supuestos delitos de soborno, cohecho pasivo agravado y trafico de influencias.

A Rivas, le favorecieron 43 diputados, 19 votaron por la pérdida de sus privilegios y 6 se abstuvieron, con respecto a un caso del período anterior, en el que fue acusado por cobro indebido de honorarios, estafa y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.

El oficialista fue imputado a partir de una investigación periodística conocida como el caso de los “caseros de oro”, por mantener en la nómina del Congreso a empleados particulares.