Pronunciamiento del Grupo Cocibolca: la destrucción de áreas protegidas es un crimen

Managua.-

Hasta nuestra sala de redacción ha llegado un pronunciamiento de del Grupo Cocibolca en donde se refiere que desde hace varios años, las organizaciones que integran el GRUPO COCIBOLCA han denunciado y advertido ante la nación y las autoridades, de los graves riesgos y amenazas que pesan sobre los invaluables bienes de la nación que representan las áreas protegidas, producto de la negligente gestión pública en la administración, cuido y protección de estas.

A continuación el pronunciamiento: 

NEGLIGENCIA DEL ESTADO Y AGRESIONES CONTRA LAS ORGANIZACIONES AMBIENTALES:

  1. Desde hace varios años, las organizaciones que integramos el GRUPO COCIBOLCA hemos denunciado y advertido ante la nación y las autoridades, de los graves riesgos y amenazas que pesan sobre los invaluables bienes de la nación que representan las áreas protegidas, producto de la negligente gestión pública en la administración, cuido y protección de estas.
  2. Desde el día 5 de abril de 2018 advertimos públicamente del voraz incendio forestal que afectaba el Refugio de Vida Silvestre Rio San Juan y la Reserva Biológica Indio-Maíz, áreas naturales sensibles y de importancia ecológica estratégica. Nuestra advertencia, emitida tan solo 24 horas después que iniciara el incendio, no fue atendida con la celeridad debida por las autoridades quienes pudieron haber tomado las urgentes medidas necesarias para prevenir que el daño ambiental fuera tan grave.
  3. A la fecha, estimamos más de 6,300 hectáreas destruidas, de las cuales el 52% está dentro de la Reserva Biológica Indio-Maíz (llamada zona núcleo) y 48% en el Refugio de Vida Silvestre Rio San Juan. Presumimos que se trata de un incendio forestal intencionado, considerando las condiciones ecológicas de la zona y las denuncias públicas de líderes comunitarios y del Gobierno Territorial Rama-Kriol (GTRK). Demandamos que se realicen las investigaciones correspondientes y que se atribuyan las responsabilidades específicas tanto a los autores materiales como a las entidades gubernamentales responsables de su cuido y manejo.
  4. Hemos insistido que el incremento en las invasiones a las áreas protegidas y la impunidad con la que operan sus depredadores, sin restricción o penalidad alguna por parte de las autoridades, demuestran la existencia de una mano criminal que ha penetrado en las reservas.
  5. A la destrucción de hoy subyacen causales más profundas como las invasiones y despales empujados por el agresivo avance de la frontera agrícola, así como la ineficacia de las entidades creadas para atender estos serios problemas, y la exclusión de los gobiernos territoriales y comunales en todo el proceso de gestión del territorio.
  6. Desde el 5 de abril denunciamos y lo seguimos sosteniendo que “Nicaragua arde en sus cuatros costados”. En lo que va del mes de abril ya hay 6,151 puntos de calor en todo el país, 240% más de los existentes en el mismo período en 2017 (2,549 puntos de calor). Tanto Indio-Maíz como Bosawás están siendo atacadas en sus límites y también en su corazón.
  7. Lamentamos la ausencia de las entidades de gobierno encargadas de la gestión, administración, protección y manejo de las reservas naturales del país, y en especial del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA).

CRIMINALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES AMBIENTALES:

  1. En relación a las injustas acusaciones que el Ministerio de Gobernación (MIGOB) y otros funcionados de Gobierno han vertido sobre nuestra organización miembro y aliada, Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua (Fundación del Rio), consideramos que se trata de una agresión arbitraria e injustificada pues se asienta en falsas acusaciones, sin que hubiera previamente ni investigación, ni debido proceso, ni derecho a la legítima defensa, pretendiendo afectar la credibilidad de Fundación del Rio dejándolos en estado de indefensión y violando los derechos humanos de sus integrantes.
  2. Como GRUPO COCIBOLCA consideramos que la solidaridad no es delito, y defendemos el derecho de las organizaciones de movilizar la voluntad ciudadana para sostener la defensa de la integridad ambiental, así como el de otras organizaciones, fundaciones y empresas del sector privado que recaudan fondos para diversos propósitos como mecanismo de solidaridad con causas sociales.
  3. Estas acusaciones responden a una estrategia gubernamental de desmantelamiento de las organizaciones ambientales y sociales, lo que ya ha implicado diversas agresiones a las organizaciones que integran nuestra coalición, mediante trabas y presiones del Ministerio de Gobernación, campañas de difamación, hostigamiento, amenazas y afectaciones patrimoniales.
  4. Por nuestros planteamientos en defensa de la naturaleza y de los derechos humanos estamos sufriendo persecución policial, llegando a evidentes arbitrariedades como impedirnos el derecho a la libre movilización en nuestro propio país y la libre navegación sobre el Río San Juan, al bloquearnos el acceso a San Juan de Nicaragua.
  5. Nuestra firme solidaridad con las comunidades Rama y Creoles, cuyos territorios han sido devastados por esta criminal catástrofe ambiental, y quienes, en base a sus denuncias públicas, no han sido suficientemente tomados en cuenta.
  6. Así mismo felicitamos el entusiasmo y las decididas acciones de innumerables personas que se han autoconvocado y organizado para defender la integridad de la Reserva Indio-Maíz, sobreponiéndose a los sabotajes gubernamentales. Las expresiones de movilización social en diferentes partes del país evidencian la profunda indignación que embarga a la población nicaragüense y la convicción ciudadana de no admitir más destrucción de la naturaleza y de los bienes invaluables de la nación.
  7. 14. Reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando de la mano con las comunidades locales y ofrecemos nuestro apoyo al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) para trabajar en conjunto en la restauración y rehabilitación de estos ecosistemas. Invitamos a las organizaciones, fundaciones y empresas del sector privado a que se solidaricen con la causa ambiental.

 

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