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Piden antejuicio contra alcalde y concejales implicados en caso Berta Cáceres

Foto archivo | AFP | bbc.com

Tegucigalpa | EFE.-

La Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural del Ministerio Público de Honduras solicitó hoy un antejuicio en contra de un alcalde y funcionarios de la Municipalidad de San Francisco de Ojuera, implicados en el caso de la ambientalista Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016.

La denuncia del organismo hondureño, es por dos delitos de abuso de autoridad contra la Corporación Municipal de San Francisco de Ojuera, departamento occidental de Santa Bárbara.

Esa Alcaldía autorizó la realización de un “estudio de prefactibilidad” y otorgó de “forma irregular e inconsulta el permiso de construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca”, iniciado hace tres años por la empresa hondureña Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) en el río Gualcargue, según un comunicado del Ministerio Público.

Cáceres, quien fue asesinada el 3 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, se oponía al proyecto, en el occidente del país, por considerar que causaba daños al ambiente, principalmente a comunidades indígenas lencas.

El alcalde Raúl Pineda y varios concejales de la Corporación Municipal “facilitaron” a DESA “la puesta en operaciones de la represa Agua Zarca, en una clara violación a los derechos territoriales y sobre los recursos naturales ancestralmente protegidos” por las comunidades indígenas, añadió.

En este caso también están involucrados los exviceministros hondureños Marco Jonathan Laínez y Roberto Darío Cardona Valle, así como el exalcalde del occidental departamento de Intibucá Martiniano Domínguez.

Según investigaciones de la Fiscalía de Etnias, DESA presentó en octubre de 2009 a la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Mi Ambiente) una solicitud de permiso para realizar el estudio de factibilidad para la construcción y operación de la planta hidroeléctrica, lo que fue “irregularmente autorizado” en diciembre de ese mismo año.

Dos meses después, DESA presentó a Mi Ambiente “con el aval de las autoridades municipales” de San Francisco de Ojuera y “sin contar con una autorización legal” el estudio de factibilidad.

No obstante, el alcalde Pineda y tres regidores (concejales) resolvieron hasta en enero de 2010 “arbitrariamente autorizar al consorcio DESA a proceder a desarrollar los estudios de factibilidad para desarrollar dicho proyecto”, señala.

La Corporación Municipal de San Francisco de Ojuera otorgó en septiembre de 2011 “irregularmente a la empresa DESA el permiso de construcción para el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca” tras celebrar una sesión ordinaria dirigida por Pineda.

El Ministerio Público indicó que todo ello “no fue objeto del proceso de consulta libre, previa e informada y no se contó con el consentimiento de las comunidades indígenas lencas afectadas que refieren instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”.

El exviceministro Cardona, quien fue detenido en octubre de 2016, supuestamente autorizó la ampliación de la capacidad generadora de Agua Zarca de 14,4 a 21,7 megavatios, según la denuncia.

Cardona, que ostentó el cargo durante el Gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014), autorizó la ampliación de la licencia ambiental sin consultar, ni informar a las comunidades de la etnia lenca, a la que pertenecía Cáceres, por cuyo crimen hay ocho personas detenidas.

El asesinato de la ambientalista fue ordenado por ejecutivos de la empresa hondureña DESA en alianza con fuerzas de seguridad del Estado, alertó un informe divulgado a finales de octubre pasado por el Grupo Internacional de Personas Expertas (GAIPE).

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