Organismo rechaza “pruebas fabricadas” en juicio a activista en Nicaragua

Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) de Nicaragua / Archivo Redes

Managua | EFE.-

El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) de Nicaragua rechazó hoy las “pruebas fabricadas” contra su director, Félix Maradiaga, en el marco de un proceso por su supuesta vinculación con acciones desestabilizadoras contra el Gobierno de Daniel Ortega.

“Ante la campaña de acoso y desprestigio impulsada contra el instituto y nuestro director, reiteramos nuestra total inocencia y reafirmamos que en todo momento hemos trabajado en total apego a los principios de integridad, ética y transparencia y dando fiel cumplimiento al marco jurídico nacional y a los más altos estándares establecidos por los organismos donantes”, indicó esa ONG en una declaración.

El 28 de septiembre pasado la Policía de Nicaragua accedió a la sede del IEEPP, donde obtuvo documentación del organismo.

Un juez de Nicaragua ordenó la captura de Maradiaga, quien salió de Nicaragua y que había denunciado violaciones a los derechos humanos por parte del Gobierno de Daniel Ortega ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Según la acusación, Maradiaga “gestionó a nivel nacional e internacional, al servicio y con el apoyo de grupos delictivos nacionales e internacionales, recursos financieros que captó y canalizó utilizando como medio en la ruta del financiamiento” al IEEPP.

El académico supuestamente utilizó el IEEPP “para el adiestramiento de grupos de personas, que posteriormente participaron en las acciones desestabilizadoras del país ocurridas desde el 18 de abril, causando miedo y terror en la población nicaragüense”, señala la acusación del Ministerio Público.

Junto con Maradiaga fueron acusados los ciudadanos Pío Arellano y Jean López “por los mismos delitos”.

En su comunicado de este viernes, el IEEPP expresó que rechaza “firmemente las pruebas fabricadas que tratan” de vincularlos “a supuestos actos ilícitos” en un juicio que se ventila en los juzgados de Managua.

“Ni nuestro director (en el cargo desde el 2017), ni ningún miembro del IEEPP, de su junta directiva o de junta de asociados, se han reunido con persona o personas con el objetivo de planear y/o desarrollar actividad(es) al margen de la ley”, afirmó.

“Tampoco hemos recibido y/o brindado recursos para realizar actos delictivos como en los que se nos vinculan, ni firmado convenio con personas vinculadas en estos actos”, añadió.

El IEEP más bien dijo que han firmado convenios de colaboración y asistencia técnica con la Asamblea Nacional en los años 2007, 2010 y 2012, y que desde su fundación, en 2004, han reportado en tiempo y forma a la Dirección de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación sus estados financieros.

“Es lamentable que las autoridades judiciales insistan en señalar supuestos vínculos de nuestro director y de nuestra institución con actividades delictivas”, reprochó esa ONG.

El 18 de abril pasado comenzaron las protestas contra el presidente Daniel Ortega por unas fallidas reformas de seguridad social, que se convirtieron en la exigencia de su renuncia y la de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.

El 5 de septiembre pasado, durante una reunión del Consejo de Seguridad para abordar el tema de Nicaragua, el académico brindó además su testimonio en respaldo de un informe de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

En su informe, la Acnudh responsabilizó al Gobierno de Nicaragua por “más de 300 muertos”, así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Organizaciones humanitarias nacionales e internacionales indican que los actos represivos denunciados por Maradiaga ante el Consejo de Seguridad han dejado entre 322 y 512 muertos, miles de heridos y cientos de desaparecidos, mientras que el Ejecutivo lo ha cifrado en 199 fallecidos.

Ortega mantiene que no es responsable de dichos señalamientos, y se ha declarado víctima de un intento de “golpe de Estado”.

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