Opositora excarcelada señala al Ejército de Nicaragua por su detención

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores. EFE/Archivo

Managua | EFE.-

La abogada nicaragüense María Adilia Peralta, una opositora al Gobierno de Daniel Ortega excarcelada hace dos días, señaló este miércoles al Ejército de Nicaragua de haber participado en su detención y la de su marido en julio pasado, en el marco de la crisis que vive el país desde hace más de un año.

“El Ejército de Nicaragua nos detuvo. Pensé que nos iban a matar. El Ejército no tiene la potestad de detener a ninguna persona, no nos tocaron ni nada, pero nos retuvieron por horas”, dijo a los periodistas la abogada, que fue excarcelada el lunes pasado por el Ejecutivo junto a otros 99 manifestantes antigubernamentales.

El Ejército nicaragüense no se ha pronunciado sobre esa denuncia.

La abogada aseguró que junto a su esposo, Cristhian Fajardo, uno de los líderes del denominado “Movimiento 19 de Abril” de la ciudad de Masaya (sureste) y quien permanece en prisión, fue detenida por miembros del Ejército el 22 de junio de 2018 en el puesto fronterizo Peñas Blancas, que comparten Nicaragua y Costa Rica, cuando pretendían ingresar a suelo costarricense.

Los soldados trasladaron al matrimonio a una base militar donde fueron entregados a la Policía Nacional, según relató.

En enero pasado, el juez noveno de distrito de juicio de Managua, Edgard Altamirano, declaró culpable al matrimonio por el delito de terrorismo y crimen organizado, entre otros.

La pareja ya había sufrido un supuesto ataque de las fuerzas oficialistas el 18 de julio del año pasado, cuando un hotel de su propiedad, ubicado en Masaya, 29 kilómetros al sureste de Managua, fue incendiado en presencia de policías, según las denuncias de los testigos.

El incendio ocurrió días después de que Fajardo denunciara que Masaya establecería “un gobierno popular”, alternativo al de Ortega.

Desde el 18 de abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 593 muertos, de 468 a 809 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.

El presidente Ortega reconoce 199 muertos y 468 reos, que llama “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Mientras el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco de la crisis.

Ortega, que lleva doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de un intento de “golpe de Estado” que, asegura, ya ha sido aplacado.