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Las mujeres, eje de plan para combatir el cambio climático en Centroamérica

La coordinadora de proyectos regionales Ayuda en Acción, Almudena Barrio, durante una conferencia de prensa en el Centro de Formación de la Cooperación Española, en la Antigua Guatemala. EFE

La Antigua (Guatemala), EFE.-

La lucha por el desarrollo rural resiliente y el medioambiente sostenible ha sido el eje de un plan implementado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la ONG Ayuda en Acción en el Corredor Seco de Centroamérica en el que las mujeres son el epicentro.

“Las mujeres han sido claves en este proceso. Ellas se ven especialmente afectadas porque son las responsables del cuidado y mantenimiento de las familias, pese a tener poca representatividad”, explicó Almudena Barrio, durante la presentación de los resultados de este convenio regional en El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua.

Este programa, que se implementó durante tres años y medio en casi una decena de municipios de los cuatro países y que ahora busca construir una segunda fase para seguir desarrollando esta idea, tuvo como objetivo fundamental fortalecer “los medios de vida resilientes” en el área dentro “del marco de la política de desarrollo territorial”.

El propósito, contó la coordinadora regional de este convenio durante una conferencia de prensa en la ciudad colonial La Antigua, es “plasmar las perspectivas de trabajo vinculándonos a la acción climática” y ver como responder “a la lucha contra el cambio climático desde la mitigación y la adaptación de los medios de vida”.

“Hay que coordinar mejor para que la población que está sufriendo los efectos del cambio climático tenga herramientas para luchar contra ellas”, agregó Barrio, quien abogó por la inclusión de las mujeres en los grupos de acción territorial para que “sus voces sean escuchadas y tengan poder de decisión”, ocupando puestos de responsabilidad.

En la práctica son grupos de acción territorial “activos y en funcionamiento” que se conforman como una plataforma de actores de la sociedad civil, instituciones, afectados, centros de investigación, universidad y emprendimientos de mujeres, que generan “dinámicas territoriales inclusivas”.

Más de un millar de mujeres en todos los municipios involucrados de los cuatro países han estado “mejorando sus medios de vida resilientes” en áreas muy vulnerables a los efectos del cambio climático con otras características especiales, como la violencia, la desnutrición o la migración.

En total son más de tres años de logros en los que se han implementado más de un centenar de iniciativas económicas y productivas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua -los países de América Latina con mayor índice de pobreza-, y que han involucrado a más de 35.000 personas, entre beneficiarios directos e indirectos.

La mayoría de familias de esta región se dedican a la agricultura de subsistencia y las mujeres se ven particularmente afectadas, ya que sobre ellas recae la responsabilidad del cuidado familiar y la sobrevivencia, pese a su escaso poder en la toma de las decisiones que les afectan.

En Nicaragua, el 80 % de las mujeres organizadas en el marco del convenio tienen sus terrenos, locales y equipamiento, y el 20 % tienen su casa escriturada a su nombre como resultado de la campaña de sensibilización de género.

En Guatemala, El Salvador y Honduras hay 600 mujeres con independencia económica y, en el caso concreto guatemalteco, casi 200 personas administran centros de acopio y producción de miel que benefician a más de 1.200 familias de comunidades vecinas.

El responsable de estos programas de la AECID en Guatemala, Francisco José Tomás, recordó que España ha puesto 2,5 millones de euros para este proyecto que busca alinear las metas desde el nivel local a través de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT).

“Hilamos esfuerzo, tejemos desarrollo” es lema de este evento de dos días que se celebrará en La Antigua hasta el viernes en el que se intercambiarán experiencias y se analizará como se haría la segunda fase, de conseguir que se implemente.

Esto también a través de la tecnología, pues según la responsable de la ONG esos instrumentos ayudan a adaptar las producciones y mantener la seguridad alimentaria de las nuevas generaciones para que vean el campo una opción de futuro y no estén “condenados a una vida de subsistencia” o que los expulsen de sus territorios.

“Si uno quiere migrar tiene que migrar por el derecho a moverse, porque quiere hacerlo porque quiere mejorar su vida, pero no porque se va expulsado”, agregó, y abogó por generar “arraigo” a través de la innovación dentro de las cadenas productivas y de los servicios.

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