La Policía de Nicaragua no autoriza movilización opositora contra Ortega

Imagen de archivo de la exguerrillera revolucionaria, política nicaragüense y miembro de la Unidad Azul y Blanco (UNAB), Mónica Baltodano, habla este lunes durante una conferencia de prensa en Managua (Nicaragua). EFE/Archivo

Managua | EFE.-

La Policía de Nicaragua negó este viernes el permiso a la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco para marchar mañana sábado como parte de una “nueva fase de resistencia cívica” contra el Gobierno de Daniel Ortega, tras el fin de una mesa de negociación sin acuerdos en los temas de justicia y democratización.

En una resolución leída por el inspector general de la Policía Nacional, Jaime Vanegas, esa institución decidió “no autorizar” esa movilización pública bajo el argumento que la Unidad Nacional Azul y Blanco no tiene personalidad jurídica.

“La autodenominada Unidad Nacional Azul y Blanco carece de personalidad jurídica y no puede adquirir derechos ni contraer obligaciones, en consecuencia, no tiene legitimidad para realizar concentraciones, manifestaciones o movilizaciones públicas”, explicó el jefe de la Dirección de Seguridad de la Policía Nacional, Ovidio Hernández, en la resolución.

Asimismo, sostuvo que la Unidad Nacional ha estado “involucrada en las graves alteraciones al orden público ocurridas durante los últimos tres fines de semana” en un centro comercial de Managua, “en los que resultaron personas heridas y afectadas las actividades de comercio y de recreación”.

De momento la Unidad Nacional mantiene esa movilización que está prevista arrancar a las 14.00 hora local (20.00 GMT) de la rotonda “Centroamérica” y culminar en el monumento “Alexis Argüello”, sobre una de las principales avenidas de Managua.

Los organizadores informaron de la misma a través de una carta al nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y al exministro de Defensa de Uruguay Luis Ángel Rosadilla, quienes participaron como testigo y acompañante del proceso negociador en representación del Vaticano y de la Secretaría General de la OEA, respectivamente.

En ese documento, la Unidad Nacional hizo ver a los testigos y acompañantes que el Gobierno de Ortega se comprometió en la mesa de negociación a fortalecer los derechos y garantías ciudadanas.

El Gobierno de Nicaragua y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia concluyeron el miércoles pasado la mesa de negociación para superar la crisis que estalló hace casi un año, aunque dejaron la puerta abierta para seguir las conversaciones.

Los delegados del Ejecutivo pidieron un tiempo para reflexionar sobre ambos temas, mientras avanzan en la elaboración de los protocolos sobre los acuerdos logrados relativos a derechos y garantías ciudadanas y la liberación de los denominados “presos políticos”.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

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