La Fiscalía salvadoreña apelará beneficios a exministro procesado por corrupción

San Salvador | EFE.-

El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, dijo este martes que apelará el beneficio del arresto domiciliar otorgado al exministro de Seguridad René Figueroa (2004-2009), procesado por supuestamente lavar más de 3 millones de dólares.

El Juzgado Tercero de Paz ordenó el lunes que el proceso penal contra el exministro y su esposa, Cecilia de Figueroa, pase a la etapa de instrucción, e impuso a Figueroa una fianza de 50.000 dólares que para que permanezca detenido en su casa.

Además, la corte otorgó la libertad condicional a la esposa del extitular de Seguridad por razones de salud.

“Creemos que el delito (de lavado de dinero y activos) amerita que guarde prisión provisional”, dijo el fiscal en una rueda de prensa en la que también señaló que existe un “riesgo de fuga”

Figueroa fue uno de los funcionarios más influyentes durante la Administración de Elías Antonio Saca (2004-2009), quien paga una condena de 10 años de prisión por los delitos de peculado y lavado de dinero.

Saca confesó en un juicio, en agosto de 2018, que desvió y lavó mediante sus empresas de comunicaciones más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal.

Según el Ministerio Público, Figueroa supuestamente lavó 3 millones de dólares y más de 1,9 millones de este monto provenían de la empresa Radiodifusión de El Salvador, que recibió fondos sustraídos del presupuesto del Gobierno por Saca.

El Fiscalía presentó una demanda civil contra Figueroa el pasado 19 de julio por el supuesto enriquecimiento ilícito en cerca de 1,028 millones de dólares.

Este monto es señalado en un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el que se da cuenta de 18 irregularidades en las declaraciones patrimoniales del exministro.

Entre los procesos civiles promovidos por la CSJ que han derivado en causas penales se encuentran las de los expresidentes Saca y Mauricio Funes (2009-2014).

De acuerdo con la investigación de la Sección de Probidad sobre la gestión de Saca, supuestamente se utilizaron planes de seguridad como fachada para malversar unos 20 millones de dólares.

Saca lanzó a finales de agosto del 2004 el plan “Súper Mano Dura” contra las pandillas, que era continuidad del plan “Mano Dura”, iniciado en julio de 2003 por el entonces presidente Francisco Flores (1999-2004) y con el que la Policía detuvo a unos 18.000 “mareros”.

Los casos de corrupción que implican a expresidentes del empobrecido país centroamericano, incluido el difunto Francisco Flores (1999-2004), suman más de 666 millones de dólares.