La CIDH presiona a Venezuela para visitar el país y evaluar los derechos humanos

En la imagen, la relatora de la CIDH para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad García Muñoz. EFE/Archivo

Boulder (EE.UU.), EFE.-

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) redobló hoy la presión sobre el Gobierno venezolano para que le permita entrar al país y evaluar la situación de crisis, especialmente en el ámbito de lo que la oposición llama “presos políticos”.

Esa visita, explicó el comisionado del organismo y relator para Venezuela Francisco José Eguiguren, permitiría a la CIDH obtener información de primera mano sobre la realidad del país, ya que la organización recibe información de diferentes ONG y, luego, una versión completamente distinta del Estado.

“Muchas veces hay dos mundos, dos realidades bien distintas y el hecho de que la Comisión no pueda visitar el país, hace que la Comisión y la opinión pública se sientan cada vez más convencidas de que la verdad está mucho más del lado de las denuncias que llegan”, señaló Eguiguren.

Uno tras otro, los encargados en la CIDH de distintos colectivos -como niños, mayores y presos- pidieron al representante del Estado venezolano que les garantice el acceso a su territorio.

El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, Larry Devoe Márquez, rechazó la oferta de la Comisión y recordó que su nación abandonará en 2019 la Organización de Estados Americanos (OEA) porque considera que está a las órdenes de Estados Unidos.

La CIDH es un organismo autónomo de la OEA y lleva siete años pidiendo permiso a Venezuela para ir a su territorio.

Devoe Márquez explicó que como su país abandonará la OEA se ha “privilegiado” el trabajo con otras instancias internacionales, como con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a la que la semana pasada el presidente venezolano, Nicolás Maduro, invitó a visitar Venezuela.

La crisis en el país caribeño centró el cuarto día de audiencias del 169º periodo de sesiones de la CIDH, que se celebra en la Universidad de Colorado, en el municipio de Boulder (Estados Unidos).

Organizaciones defensoras de los “presos políticos”, como Foro Penal, denunciaron el uso del derecho penal, como “arma para la persecución política”.

Los representantes de Foro Penal Luis Betancourt y Julio Henriquez aseguraron que hay “1.551 presos políticos en Venezuela”, mientras que, desde 2014 y hasta este año, “12.480 personas” fueron detenidas en manifestaciones antigubernamentales o por haber expresado sus ideas en Twitter.

Además, la presidenta de Defiende Venezuela, Génesis Dávila, denunció “torturas” en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), conocido como El Helicoide, y donde los reclusos “tienen sus dedos fracturados, sufren descargas eléctricas en sus genitales y se les cuelga del techo durante horas”.

En respuesta, Devoe Márquez aseguró que “el Gobierno venezolano garantiza los derechos de los privados de libertad” y, para ilustrarlo, mostró fotografías de presos jugando al baloncesto, siento examinados por médicos y hasta divirtiéndose con unos castillos hinchables.

En su exposición, enseñó imágenes del diputado venezolano Juan Requesens, detenido desde el 7 de agosto y acusado de ser cómplice del atentado con drones que se produjo el 4 de agosto mientras Maduro daba un discurso por el 81º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).

En las instantáneas se apreciaba a Requesens caminando, con “una visita familiar” y “recibiendo atención médica”, describió Devoe Márquez.

La familia del diputado no pudo visitarle durante más de un mes y ha apuntado la posibilidad de que haya sido torturado, especialmente después de que saliera a la luz en agosto una grabación en la que aparecía Requesens en ropa interior aparentemente manchada de excremento.

Por otro lado, organizaciones como Espacio Público y el Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Jubilados y Pensionados, abordaron el impacto de la “emergencia humanitaria sin precedentes” de Venezuela en colectivos más vulnerables, como los ancianos.

Las grupos se quejaron del desabastecimiento de medicinas y alimentos y pusieron de ejemplo a los abuelos del estado de Miranda, que pierden “1,3 kilogramos de peso mensualmente”.

El Gobierno venezolano negó la existencia de una crisis humanitaria en su país y afirmó que existe una “campaña internacional para asfixiar al pueblo venezolano” y justificar una intervención militar.

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