El Salvador busca reformar Constitución para elevar inversión en educación

La fuente señaló que los parlamentarios acordaron involucrar en la discusión a expertos de los ministerios de Educación, de Hacienda y del Banco Central de Reserva (BCR) para “incorporar mayores argumentos para reformar dicho artículo”. EFE/Archivo

San Salvador | EFE.-

La Asamblea Legislativa de El Salvador busca modificar la Constitución de la República para elevar la inversión en educación, rubro al que se le ha destinado un 3,5 por ciento del producto interno bruto (PIB) para el 2019, informó este lunes dicho órgano de Estado.

Diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso comenzaron hoy el estudio de una reforma al artículo 59 de la Carta Magna para incorporar un inciso en el que se establezca que “la asignación presupuestaría anual para educación no sea inferior al 6 por ciento”.

La fuente señaló que los parlamentarios acordaron involucrar en la discusión a expertos de los ministerios de Educación, de Hacienda y del Banco Central de Reserva (BCR) para “incorporar mayores argumentos para reformar dicho artículo”.

Actualmente, la Constitución únicamente señala que el Órgano Judicial podrá disponer anualmente de una asignación no inferior al 6 por ciento de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado; sin embargo, los diputados “consideran imperante asegurar constitucionalmente un porcentaje definido del PIB para educación”, agregó el Congreso.

Aumentar el presupuesto para educación también contribuirá a reforzar los planes de seguridad de las escuelas y en los alrededores, ya que la violencia generada por las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias afectan el desempeño de los escolares.

El Gobierno de El Salvador responsabiliza a las “maras” de los altos índices de homicidios de entre 103 y 50,3 por cada 100.000 habitantes entre 2015 y 2018, cifras que ponen a la nación centroamericana como uno de los países más violentos del mundo.

Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones.