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Defensoría Pública presente en 153 municipios

doctora Clarisa Indiana Ibarra Rivera., Directora Nacional de la Defensoría Pública.

Managua.-
  • En los municipios donde no hay defensor público fijo, se atiende de manera itinerante

En la actualidad la Defensoría Pública de Nicaragua cuenta con 372 defensoras y defensores públicos ubicados en 153 municipios del país que brindan atención en materia civil, penal, de familia y laboral, de acuerdo con la Directora Nacional de la institución, doctora Clarisa Indiana Ibarra Rivera.

La misión de las y los defensores públicos es brindar asistencia legal, gratuita y de calidad a las y los usuarios del sistema de justicia que carezcan de recursos económicos, garantizándoles el respeto, la defensa de sus derechos y garantías consignados en la Constitución Política.

La doctora Ibarra Rivera, sostuvo que “las y los defensores que están en todo el país, deben ser servidores públicos con vocación, comprometidos, competitivos y dignos en el ejercicio de su rol profesional y con sensibilidad humana frente a la situación de los y las usuarias de los servicios que presta esta institución”.

Además, indicó que la institución trabaja constantemente  por un servicio con calidad y calidez a las y los usuarios.

La Delegación Managua es la que tiene mayor afluencia de usuarios. Se estima entre 250 y 300 por día.

Datos de la institución indican que en todos los municipios de los departamentos de Masaya y Matagalpa las y los defensores atienden en todos las ramas del derecho.

En Managua el servicio abarca materias penal, familia, civil y laboral. En el departamento de Chontales también se brinda el servicio en materia laboral.

Expresó la doctora Ibarra que “Nicaragua es el único país de Latinoamérica que cuenta con defensores públicos que dominan las lenguas de los pueblos originarios y están ubicados en los municipios donde habitan esas comunidades, como Siuna, Bonanza, Rosita, Waspam, La Cruz de Río Grande, La Desembocadura del Río Grande, Bluefields, El Tortuguero, Kukra Hill, Laguna de Perlas y Bilwi”, entre otros.

Usuarias de la Defensoría Pública esperan ser atendidas en la delegación de este municipio.

En 2017, la Defensoría Pública logró restituir el derecho a recibir pensiones alimenticias a 12 mil 235 niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, a través de acciones judiciales cuyos resultados fueron sentencias de jueces que ordenaron el pago de más 59.3 millones de córdobas en alimentos provisionales y atrasados a favor de los demandantes.

Además, en el 2017, la institución brindó 116 mil 868 servicios de defensa pública a personas de escasos recursos y en estado de vulnerabilidad, que acudieron a las oficinas de esta dependencia del Poder Judicial en busca de representación y asesoría legal gratuita en todo el país.

Tratados Internacionales tales como la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José), entre otros establecen como “obligación de los Estados Parte, garantizar mínimamente a sus habitantes, a ser asistidos por un defensor de su elección y en el caso de que no pudieren pagarle, el Estado le proporcionará uno en forma gratuita”.

La Defensoría Pública, que nació con la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 260) en el año 1998, es un instrumento que coadyuva a la implantación del Estado Social y Democrático del Derecho contribuyendo a garantizar el derecho de los y las ciudadanas de igualdad ante la ley, el derecho que tiene todo procesado a que se le nombre un defensor de oficio, a la defensa y promoción de los derechos humanos y demás deberes y derechos consignados en la Constitución Política y Leyes del país relacionados con la materia y tratados internacionales donde Nicaragua es signataria.

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